Generar estructuras 3D de Acidos Nucleicos a partir de la secuencia

Para ello existen muchos “servers”, pero he visto que una de las mejores opciones, cuando tratamos de secuencias cortas y que nos genera un fichero PDB con la estructura, es el servidor:

http://structure.usc.edu/make-na/server.html

Un ejemplo cuando tratamos con un fragmento de pocos nucléotidos:

El borrador de la Ley de Ciencia crea la Agencia de Investigación

(Fuente El País)

Habrá un contrato indefinido de acceso al sistema de ciencia y tecnología - Se equiparan los investigadores con profesores y catedráticos universitarios

Una de las reivindicaciones de la comunidad científica se recoge en el borrador de la futura Ley de la Ciencia, que habilita al Gobierno para crear la Agencia Estatal de Investigación, diseñada como agente de financiación y gestión de los programas. Sin embargo, otra importante reivindicación, la configuración de una carrera científica no funcionarial, se queda a medias en el borrador elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Se regula la contratación de los becarios para realizar la tesis doctoral, así como un nuevo “contrato de acceso al sistema”, que tras la segunda evaluación, al cabo de cinco años, se convierte en contrato indefinido, pero a partir de ahí, esa vía laboral desemboca en la vía funcionarial. El borrador también contempla la equiparación de los científicos de los organismos públicos de investigación (OPI) y los profesores y catedráticos universitarios.

El Ministerio de Ciencia e Innovación reúne hoy en torno al nuevo documento a la veintena de expertos que, hace más de un año, participaron en la elaboración del primer borrador. La nueva ley fue un compromiso y objetivo prioritario del ministerio de Cristina Garmendia cuando se creó hace casi dos años, y ha sufrido una accidentada preparación con borradores, retrasos y sucesivos plazos no cumplidos.

La futura Ley de la Ciencia la Tecnología y la Innovación, que es su nombre completo, debe sustituir a la vigente, de 1986, que ha sido clave en el desarrollo del sistema español de ciencia y tecnología en los últimos 25 años.

El borrador del anteproyecto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, tiene 76 páginas, con 45 artículos tras la exposición de motivos. Se refiere a la gobernanza del sistema de ciencia y tecnología, los recursos humanos, la innovación, la difusión y la cultura científica y la coordinación entre Administraciones públicas.

Entre las novedades resalta el cambio del actual Plan Nacional de I+D+i por el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, que será plurianual, y “cuyo fin es establecer los objetivos, las prioridades y la programación de las políticas a desarrollar en el marco de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología”. Esta estrategia se concibe como un marco de referencia para cumplir los objetivos de las Administraciones públicas en I+D. Asimismo se crean tres órganos: el Consejo de Política Científica y Tecnológica, el Consejo Asesor, y el Comité de Etica de la Investigación.

Serán organismos financiadores la Agencia Estatal de Investigación, “orientada prioritariamente al impulso de la investigación científica y técnica”, que “utilizará como criterio evaluativo para la asignación de los recursos el mérito científico o técnico”, y el ya existente Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) “orientado prioritariamente al fomento de la innovación y la implantación de nuevas tecnologías y al impulso del desarrollo experimental”. Utilizará el CDTI para la asignación de sus recursos “criterios evaluativos que tomarán en cuenta el mérito técnico o de mercado y el impacto socioeconómico de los proyectos”.

Hay que recordar que, ya en 2006, la Ley de Agencias Estatales autorizó la creación de la Agencia Estatal de Evaluación, Financiación y Prospectiva de la Investigación Científica y Técnica, que nunca se hizo realidad.

En cuanto a la carrera científica, tanto los contratos laborales de acceso al sistema como los contratos predoctorales se aplican tanto en las universidades como en los organismos públicos de investigación (OPI).

“El personal investigador podrá ser funcionario, de carrera o interino, y personal laboral, fijo o temporal”, dice el borrador. Los contratos de acceso, que deben mejorar los actuales contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, pueden tener duración indefinida. La actividad investigadora será sometida a dos evaluaciones, la primera al finalizar el tercer año y la segunda antes de finalizar el quinto. “De no ser superada esta última podrá ser considerada causa de extinción del contrato por causas objetivas”. A continuación, el borrador especifica que “la superación satisfactoria de cualquiera de estas evaluaciones determinará la posibilidad de acceso a la condición de funcionario”. También se contemplan los contratos de investigador distinguido, para científicos de reconocido prestigio.

La que si se regula en el borrador es la carrera científica completa de los investigadores funcionarios. Se facilita la equivalencia de las escalas de todos los OPI, que tendrán profesores de investigación, investigadores científicos y científicos titulares, es decir, la escala del CSIC, en la que se reflejan las demás.

Las claves
- Los profesores de investigación de los organismos públicos (OPI) “se consideran acreditados para catedrático de Universidad”, y las dos escalas inferiores (investigadores científicos y científicos titulares) se equiparan a profesor titular de universidad.

- Se “impone a las Administraciones públicas el deber de fomentar la realización de actividades para mejorar el acceso de la sociedad a la ciencia”.

- Se facilita el “desarrollo de la carrera investigadora en los centros del Sistema Nacional de Salud, mediante la contratación por éstos de personal laboral dedicado a actividades de investigación”.

- Los OPI son: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (que será agencia estatal), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Instituto de Salud Carlos III, Instituto Geológico y Minero de España, el Instituto Español de Oceanografía, Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, el Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria y el Instituto de Astrofísica de Canarias.

El Gobierno prevé presentar el 12 de marzo la Ley de Ciencia y Tecnología

(noticia completa aquí)

El Gobierno prevé presentar el próximo 12 de marzo la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el pleno monográfico sobre Economía celebrado en la Cámara Baja.

Asimismo, el plan de promoción de la industria social y la Ley de protección del medio marino será presentada el 26 de febrero.

Zapatero anunció en el hemiciclo las iniciativas que promoverá el Gobierno en los dos próximos meses, entre las que también se encuentran la aprobación el próximo 5 de marzo de un plan para luchar contra el fraude y la economía sumergida.

Por otro lado, el Gobierno prevé para el 31 de marzo, el plan de racionalización de la Administración General del Estado, y en cuanto a la Comisión Interministerial de Política Industrial, adelantada el martes por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, Zapatero concretó que se creará el próximo 18 de marzo, con el fin de presentar un “diagnóstico” de la situación del sector y para identificar sus principales retos de cara a los próximos 10 años.

No obstante, el presidente no fijó una fecha para la aprobación del proyecto ‘estrella’ del Gobierno, la Ley de Economía Sostenible, aunque confió en que se acometa “en el menor tiempo posible”

La inversión estatal en I+D está estancada

Noticia de hoy en elpais.es;

Los 9.673 millones de euros que se adjudica a la investigación científica y tecnológica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2009 supone un incremento sólo del 2,5% respecto al año pasado, en términos corrientes. Con la corrección de la inflación, “el crecimiento es prácticamente nulo y se aleja enormemente del incremento anual de recursos del 16% previsto en el VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011″, explican los representantes de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), cuya comisión de presupuestos ha analizado la situación de este año y emitido un informe. La previsión del plan nacional vigente era una equiparación anual del 16% para lograr, al término del mismo, una equiparación de la inversión española en I+D a la media europea.

La COSCE, que agrupa a 60 sociedades científicas, que suman unos 30.000 científicos en España, ha constituido también una comisión de análisis del borrador de la nueva Ley de la Ciencia, y la conclusión es que es un documento positivo pero aún imperfecto y “timorato”.

Respecto a los presupuestos, hay que tener en cuenta, señala José De No, miembro de la comisión de presupuestos de la COSCE, que la financiación de los PGE supone sólo un 18% del compromiso de financiación total de la I+D española, ya que el 28% corresponde a las comunidades autónomas, el 47% a las empresas y el resto a otras fuentes como los programas de la UE. “El no incremento de la financiación es preocupante porque puede suponer el incumplimiento de los planes y compromisos de inversión del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 y limitar la actividad investigadora, uno de los pilares básicos para superar la crisis actual”, afirma la COSCE.

De No ha desmenuzado un poco las cifras y destaca que en 2009 los anticipos reembolsables (los créditos) se incrementan significativamente, un 5,7%, frente a las subvenciones, que se reducen un 1,5%. Hay que tener en cuenta que los equipos científicos utilizan sobre todo las subvenciones de los programas de investigación y apenas pueden utilizar los créditos, puesto que los resultados que obtienen de su trabajo, en sus laboratorios, no tienen por qué generar beneficios inmediatos para reembolsar préstamos. “Los fondos de las convocatorias públicas [para programas y proyectos de I+D] se reducen en un 17%”.

En cuanto a la financiación por áreas, los programas que van a la cabeza en la asignación de recursos “continúan siendo los relativos a Tecnología Industrial, con una inversión de 2.678.571 euros y un crecimiento del 4,88% respecto a 2008″. Las inversiones en telecomunicaciones (1.102-920 euros) son las que más han crecido este año respecto al anterior, un 37%. Sin embargo, explica la COSCE, la mayor reducción presupuestaria la experimentan este año los programas relacionados con la Sociedad de la Información, que recibirán casi un 50% menos que en 2008.

Joan Guinovart, presidente de la COSCE, subraya que, por muy importante que sea la financiación, si no hay una estructura de gestión del sistema científico adecuada, el dinero no se aprovecha. En esta encrucijada entra el borrador de la nueva Ley de la Ciencia, que debe sustituir a la de 1986, y que ha preparado el Ministerio de Ciencia e Innovación. “Es absolutamente necesaria una nueva ley que flexibilice el sistema”, ha destacado Guinovart, “y pedimos a todos los partidos políticos un pacto para que esta ley sea realmente el instrumento que el país necesita; es necesario que los partidos dejen las rencillas políticas para ocuparse de esto”.

Entre las propuestas destacadas para esta futura ley, los representantes de las sociedades científicas proponen la creación de un consejo científico asesor -en paralelo al consejo de política científica contemplado en el borrador de la ley- para garantizar la presencia de la voz de la ciencia. Un tema que preocupa a los investigadores es la articulación correcta y eficaz de las políticas del Estado con las Comunidades Autónomas. “Nos da miedo la visión local del poder”, señala Juan Luis Vázquez, presidente de la comisión de la COSCE que analiza el borrador de la nueva ley.

Vázquez recuerda que la ley vigente, de 1986, introdujo los instrumentos clave para el despegue de la ciencia en España, “pero crecimos mucho en masa corporal y no tanto en músculo, por eso la ciencia en España no es un niño prodigio”. Según explica, la nueva ley debe cimentar la conexión eficaz de la investigación científica con el entramado empresarial e industrial, “que no ha funcionado bien”, pero también poner en marcha un sistema que prime la calidad, la excelencia de la ciencia. La autonomía de gestión de los institutos, añade, debe ir a la par con las responsabilidades exigidas a sus directores, y se les debe pedir mucho, “planes visionarios”.

La COSCE valora positivamente en el borrador de la ley elementos como la internacionalización de la ciencia española; el fomento de la investigación en el sector privado; el fomento de la cooperación sector público/sector privado; el fomento de la cultura científica; la propuesta de una carrera investigadora alternativa a la funcionarial; y la creación de agencias de financiación, “aunque algunos puntos no están bien desarrollados”.

En el elenco de puntos débiles se señala, por ejemplo, el ámbito reducido de aplicación de la ley; “el espíritu demasiado reglamentarista y el exceso de detalles inapropiados, cuando en realidad es el establecimiento de unos principios básicos los que más se necesita”; la participación de las Comunidades Autónomas no está suficientemente elaborada; no se aborda la reforma del sistema de gobernanza de los agentes ejecutores de los programas científicos; y la escasa referencia a las universidades, cuando en ellas se realiza el 60% de la investigación en España.